La justicia colombiana marcó un precedente sin igual: el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable por soborno en actuación penal, tras años de investigación y un juicio rodeado de tensiones políticas. La decisión, leída este 28 de julio, sacude al país en la antesala de las elecciones de 2026 y pone a prueba la independencia judicial frente al poder político.
Por: Mariana Duque
Juicio Álvaro Uribe Vía Streaming.
Desarrollo del juicio y contexto histórico
El proceso comenzó inicialmente en 2012, luego de que el expresidente Álvaro Uribe denunciara al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Ese caso fue archivado y derivó en una investigación contra Uribe desde 2018, tras hallarse indicios de que personas vinculadas a él intentaron influir en testigos clave como Juan Guillermo Monsalve.
En 2020, la Corte impuso detención domiciliaria a Uribe, lo cual provocó su renuncia al Senado; sin embargo, la Fiscalía intentó cerrar el caso en 2021 y 2023, pero los tribunales insistieron en proseguir hacia juicio.
Suspensión y reanudación del juicio
El 20 de marzo de 2025, la Corte Suprema decidió suspender el juicio tras admitir una tutela de la defensa que alegaba parcialidad de la jueza Sandra Heredia.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá negó esa tutela el 21‑22 de febrero y ordenó la reanudación del proceso.
Finalmente, el 27 de marzo, la jueza Laura Patricia Melo Cristancho declaró infundada la recusación de la defensa contra la jueza Heredia, y el juicio se reanudó el 28 de marzo de 2025 en Paloquemao, Bogotá, con transmisión pública vía streaming.
Fases finales del juicio
En julio de 2025, el Juzgado 44 recibió un acuerdo que suspendió otros procesos para concentrarse exclusivamente en el juicio oral, dadas su complejidad y alto impacto. La agenda incluía 38 testimonios de la Fiscalía y 55 de la defensa, además de pruebas documentales y periciales, y se estimó un tiempo mínimo de 20 días hábiles para anunciar el fallo.
También fue aceptada como prueba sobreviniente el auto del 7 de marzo de 2025, presentado por la defensa, que revelaba presuntas manipulaciones en los archivos de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave.
Veredicto final: su significado legal y simbólico
El 28 de julio de 2025, tras casi ocho horas de audiencia final, la jueza Sandra Heredia emitió el veredicto. Declaró que el soborno en actuación penal ha quedado acreditado, en lo que fue interpretado como una decisión condenatoria histórica, pues sería la primera vez en Colombia que un expresidente es penalmente condenado.
Durante la audiencia, la jueza criticó lo que calificó como intentos de “instrumentalizar la justicia” por parte de la defensa y la representación de Uribe como víctima.
Repercusiones e impactos
El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su compromiso de respetar la sentencia judicial, subrayando la importancia de la independencia del sistema judicial. Esto desató un nuevo choque con Uribe, quien acusó a Petro de mentir, citando publicaciones anteriores en las que lo vinculaba con estructuras paramilitares
El presidente Gustavo Petro respondió señalando en redes sociales que Uribe “pactó con paramilitares”, lo que elevó la tensión entre el oficialismo y la oposición. Este cruce de declaraciones expone el uso del caso como instrumento de confrontación política, que polariza aún más al país.
Analistas coinciden en que tanto una condena como una eventual absolución podrían fortalecer narrativas políticas dentro del uribismo: la primera como símbolo de persecución, la segunda como cierre institucional del caso.
El proceso llega justo antes de las elecciones presidenciales de 2026, lo que amplifica sus posibles efectos sobre el balance político nacional, la percepción internacional y el clima electoral.
Este fallo representa un hito institucional y político al poner a prueba los límites de la rendición de cuentas al más alto nivel en Colombia. Independientemente del resultado, el proceso mantuvo un perfil de alta intensidad mediática y polarización pública. Ahora, la expectativa se centra en los recursos de segunda instancia y los efectos concretos del fallo, dentro del plazo de prescripción estimado para el 8 de octubre de 2025. Si no hay sentencia firme antes de esa fecha, podría extinguirse la acción penal
Presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo contra el expresidente Álvaro Uribe | Foto: Colprensa.
¿Qué sigue en lo judicial?
El expresidente aún no ha recibido una sentencia definitiva. Aunque la jueza dictaminó que el delito de soborno a testigos quedó probado, ahora se espera la audiencia de individualización de pena, que definirá si Uribe recibe una pena privativa de la libertad, domiciliaria o si, eventualmente, se suspende la ejecución.
De acuerdo con Semana y El Colombiano, la pena podría oscilar entre 6 y 12 años, aunque la defensa planea interponer recursos que podrían dilatar la ejecución del fallo. Además, el proceso está amenazado por la prescripción penal, que ocurriría el 8 de octubre de 2025, si no se emite una condena en firme.
Implicaciones políticas
La reacción de líderes políticos fue inmediata. Mientras sectores del Pacto Histórico celebraron la decisión como un triunfo del Estado de derecho, figuras del uribismo, como María Fernanda Cabal y Federico Gutiérrez, denunciaron una supuesta persecución política.
“Silencio prudente”: Defensa de Uribe prepara apelación tras fallo condenatorio
Tras el histórico fallo que declaró culpable a Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos, sus seis abogados anunciaron que guardarán “un silencio prudente” mientras analizan a fondo la decisión judicial. Aunque no ofrecieron mayores declaraciones, manifestaron su desacuerdo con el pronunciamiento de la jueza Sandra Heredia y confirmaron que interpondrán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscando revertir lo que consideran una sentencia injusta. La defensa ahora enfoca sus esfuerzos en la estrategia jurídica de segunda instancia.
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